Cuando se habla de consultorías para una institución pública, rápidamente se piensa en auditorías, y al hablar de auditorías, se tiende a pensar en detectives en busca de fraudes o engaños. Sin embargo, el objetivo esencial de una auditoría es la revisión de los protocolos que se utilizan en una entidad para detectar potenciales errores e implantar las mejoras que correspondan.

En el caso de las auditorías públicas, suelen estar a cargo de organismos públicos como, por ejemplo, un Tribunal de Cuentas. No obstante, como en otros ámbitos, es recomendable apoyarse en consultoras privadas que aportan un rigor profesional independiente y una visión externa objetiva, no sólo durante las auditorías, sino también para otras labores esenciales de consultoría como la investigación, la formación o la preparación de informes relevantes con recomendaciones para diversos escenarios.

Según Eduardo Bustamente, «El patrimonio del Estado es el conjunto de bienes y derechos, recursos e inversiones, que como elementos constitutivos de su estructura social o como resultado de su actividad normal, ha acumulado el Estado y posee a título de dueño propietario, para destinarlos o afectarlos en forma permanente a la prestación directa o indirecta de los servicios públicos a su cuidado o a la realización de sus objetivos o finalidades de política social o económica».

El patrimonio del Estado suele formar parte de la Hacienda Pública, cuyo propósito es obtener los recursos que las instituciones públicas (Estados, Municipios, etc) tienen derecho a percibir; allegarse los que le son transferidos por cualquier acto jurídico; gestionar el ingreso de todos aquellos a los que se pretenda recurrir; el ejercicio y control del gasto público; y el registro, control y explotación de sus bienes patrimoniales.

Para tal fin, los Estados suelen desarrollar leyes relativas al Patrimonio, reflejando en ellas la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la inembargabilidad del patrimonio. Es decir, que no existan en ellas ningún tipo de servidumbre, que no sean empleadas ninguna vía de apremio, ni puedan dictarse mandamientos de ejecución ni hacerse efectivas por ejecución forzosa sentencias dictadas en contra de los bienes que constituyen el Patrimonio Público.

Estas legislaciones requieren, lógicamente, ser revisadas y actualizadas a la luz de los nuevos tiempos, marcados por la creciente globalización. De hecho, son numerosos los patrimonios estatales, bien sean históricos o naturales, sujetos además a protección y legislación internacional, lo que supone un beneficio mutuo, tanto para los Estados como para el legado conjunto de la Humanidad.

Hoy en día, además, deja de contemplarse el aspecto económico como el único a tener en cuenta en una auditoría o consultoría. Cada vez cobra más sentido el aspecto social (más allá del evidente valor histórico-cultural del patrimonio público) y el aspecto ambiental; y la inevitable apertura a nuevas perspectivas requiere de herramientas de análisis del tipo DAFO-CAME para conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas relativas al patrimonio y definir acciones concretas para alcanzar objetivos estratégicos en un mundo cada vez más complejo.

Es por ello que se hace tan necesaria y beneficiosa en este campo, como en otros ámbitos del sector público, la contratación de servicios de una consultoría internacional como AHIC. El enfoque de AHIC, cuando se le requiere participar en consultorías en el ámbito del Patrimonio, es un enfoque 360º, muy amplio y transversal, poniendo en el centro a las personas que, de una forma u otra, como beneficiarios o como servidores de lo público, van a tener un impacto directo en el Patrimonio.